Presentación del Gobierno apura a la Corte Suprema para que resuelva en la causa por el Correo

La Procuración del Tesoro pidió a la Corte Suprema que defina si un tribunal superior porteño puede intervenir en el proceso de quiebra del Correo

Presentación del Gobierno apura a la Corte Suprema para que resuelva en la causa por el Correo

La Procuración del Tesoro de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia que defina con celeridad si un tribunal superior porteño puede intervenir en el proceso de quiebra del Correo de la familia Macri.

Se trata de una nueva presentación, esta vez directamente ante la Corte, efectuada por el titular del organismo Carlos Zannini en la que se invoca “gravedad institucional” ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires de querer intervenir en el expediente como instancia revisora, y ante la suspensión del proceso de la quiebra.

En una resolución del 4 de mayo de 2022, a petición de Correo Argentino, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dispuso suspender el trámite del proceso de quiebra de esa empresa, hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida en Incidentes de recusación promovidos por aquélla contra la Jueza del concurso Marta Cirulli y la Fiscal General Gabriela Boquín.

En esos incidentes está en discusión, de manera especial, si el Tribunal Superior de Justicia de la CABA es, o no, competente para revisar las decisiones de esa Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional.

Tanto el Estado Nacional, que tiene crédito verificado en el concurso, como la Fiscal de Cámara interpusieron sendos recursos extraordinarios contra esa resolución de la Sala B, alegando que la sentencia fue dictada sin una verdadera mayoría, ya que quienes se pronunciaron por la suspensión del proceso (Matilde Ballerini y María E. Uzal), no coincidieron en los fundamentos del decisorio, en tanto que la tercera integrante del tribunal (María Vásquez) votó en disidencia.

En los recursos se sostiene que esta suspensión da pie a una nueva demora del proceso concursal, que lleva ya más de 20 años, por tiempo indefinido, con claro perjuicio a los intereses de los acreedores.

Por otra parte, esta suspensión apareja una denegación de justicia y una violación a la garantía de obtener una sentencia judicial en un tiempo razonable.

En una nueva presentación, la Procuración del Tesoro pide a la Corte que otorgue “pronto despacho” a la resolución de los Incidentes de recusación que tiene en trámite. Se señala en tal sentido que se ha generado, con la suspensión del proceso de quiebra, una situación de gravedad institucional: la Corte debe definir de manera rápida si el Tribunal Superior de Justicia de la CABA es, o no, el revisor de los fallos de la Cámara Comercial (y por ende de las sentencias de las restantes Cámaras Nacionales de Apelaciones).

En la presentación se pone énfasis en que las normas del Código Procesal Civil y Comercial no contemplan el efecto suspensivo que, de hecho y contra lo previsto en el ordenamiento, la Sala B le otorgó al trámite de las recusaciones.

Se advierte que “si se generalizara el uso de la estrategia adoptada por la fallida, un indefinido número de litigantes podría efectuar planteos recusatorios o bien de otra índole, llevándolos luego por vía recursiva al Tribunal Superior de Justicia de la CABA, y lograr con ello la paralización de los trámites hasta que la Corte se expida sobre la pertinencia de la intervención de dicho Tribunal local”, explicaron desde el organismo.

Por ello, entienden que correspondería que la Corte se expida rápidamente, a fin de dar certidumbre a los litigantes en general; o en su defecto que declare que esos Incidentes que tramitan en su órbita, no suspenden el curso del proceso de quiebra, lo que está expresamente así determinado en la normativa, aunque no fue atendido por la Cámara Comercial.

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