El Gobierno cerrará 300 unidades de gestión de planes sociales

Podrían bajar la persiana los puntos donde beneficiarios de planes sociales presentaban sus casos y documentación. También cerrarían 59 Centros de Referencia.

El Gobierno cerrará 300 unidades de gestión de planes sociales

El Gobierno nacional oficializará en los próximos días la disolución de 300 Unidades de Gestión a las que acuden millones de beneficiarios de planes sociales para tramitar la ayuda estatal. También bajarán la persiana 59 Centros de Referencia (CDR).

Según fuentes oficiales, las Unidades de Gestión de planes sociales representan al Estado un desembolso de alrededor de U$S 34 millones al año para controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplan con las contraprestaciones necesarias para recibir los planes sociales.

El cierre se dispuso luego de que la gestión de Javier Milei definiera la eliminación del plan Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas sociales, también con el objetivo central de eliminar la intermediación.

La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión se sumó a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta.

Las principales críticas del oficialismo al disolver los Potenciar Trabajo estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano se refirieron a las Unidades de Gestión como «gerentes de la pobreza» donde los encargados controlan a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, «lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia».

La cartera que encabeza Sandra Pettovello informó que también cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) porque «funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado», y de manera oficial se destacó que con la medida se ahorrará $ 5.000 millones anuales al Estado.

«Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de $ 4 mil millones por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de $ 88 millones anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos eliminando así un gasto de más de $ 20 millones por año. También se darán de baja 42 celulares», detalló la cartera en un comunicado.

«Los Centros reciben muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y solo derivan a la gente a otro organismo», dijeron fuentes oficiales, para las que los Centros de Referencia «son la imagen más clara de la burocracia del Estado».

«Los trámites serán digitales para ahorrar gasto público, modernizar y ser más eficientes. También habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia», se indicó.

Mientras tanto, las organizaciones sociales podrían definir el martes de esta semana una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en la estructura burocrática para acceder y cobrar los planes sociales.

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